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Profepa ve una línea criminal en incendio
Agresiones a brigadistas y fuegos brotados de forma independiente presumen el patrón delictivo del mayor siniestro forestal en siete años.
Guadalajara • El fuego brotado durante tres días de forma independiente en, al menos, seis sitios distantes entre sí del bosque La Primavera, y una línea de fuego intermitente en cada foco del siniestro, revela un posible patrón criminal, destacaron ayer las autoridades estatales y federales responsables de su combate.
En relación con el megaincendio que cumple esta mañana cuatro días en el área de protección de flora y fauna, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en voz de su titular, Hernando Guerrero Cázares, se comprometió a una investigación a fondo y “al más alto nivel”, en la cual se busca involucrar de forma directa a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez.
El funcionario destacó que se realizarán todas las investigaciones, la búsqueda de testigos y el levantamiento de evidencias que permita saber cómo fue el proceso del siniestro y dar con los culpables, para lo cual se cuenta también con testimonios de brigadistas que, en la zona de El Tizate (ejido Santa Ana Tepetitlán), fueron agredidos verbalmente, otros amedrentados con armas de fuego y unos más escucharon detonaciones de pistola, por lo cual fue necesario enviar partidas de la policía de Zapopan para protegerlos.
“Tenemos un problema muy fuerte en México con incendios provocados, con la intención del cambio de uso de suelo, para desarrollar nuevas zonas habitacionales o abrir terrenos agrícolas. Tenemos también el problema de que no podemos estar en cualquier lado donde aparezca un incendio, pero logramos hacer investigaciones y hacemos las denuncias ante la PGR. El año pasado, por delitos ambientales, pusimos en la cárcel a mas de 340 personas, algunos tienen que ver con incendios, algunos con la tala ilegal, algunos tienen que ver con el tráfico ilegal de fauna. Creo que aquí lo que se requiere es de un mayor trabajo coordinado entre los niveles de gobierno, y hoy hablaba del nivel que hemos logrado aquí con los tres niveles de gobierno […] a mí en lo personal, como jalisciense, me afecta mucho saber lo que está pasando aquí, y el hecho de que haya aparecido fuego en diferentes puntos nos obliga a investigarlo, tenemos los indicios, y esos indicios hay que investigarlos, pero la averiguación contundente le corresponde a la PGR”.
El secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, ratificó la denuncia sobre los hechos en la zona de Santa Ana Tepetitlán, que perteneció al área protegida hasta 2008, en que una sentencia de amparo en segunda instancia de un tribunal de circuito la separó del polígono protegido; a partir de entonces, ese pedazo de bosque ha sido invadido de forma progresiva por asentamientos irregulares (PÚBLICO MILENIO, 7 de julio de 2008). Recordó los incidentes: “El domingo, por la tarde, recibieron amenazas y hasta el lunes por la mañana nosotros nos dimos cuenta, cuando ellos regresaron a trabajar; una de ellas fue yendo por un camino interno a sofocar uno de los incendios, gente armada simplemente se cruzó en el camino y les impidió el paso mostrándoles las armas sin decir nada, por lo cual se dieron a retroceder…”.
Un segundo incidente con otros brigadistas “que estando trabajando escucharon detonaciones de arma de fuego muy cerca de donde trabajaban, tratando de intimidarlos, lo cual […] generó preocupación. […] Es responsabilidad de nosotros señalar esos incidentes, porque si algo sucede y no lo denunciamos, los brigadistas nos van a acusar de no tomar cartas en el asunto y mandarlos de nuevo a un sitio sin seguridad”.
El teatro de estas intimidaciones fue entre el cerro de El Colli y Arenales Tapatíos, “justo donde empezó el incendio”. Los otros sitios donde el fuego surgió de modo independiente fueron Agua Dulce, Las Crucitas, El Tecuán, Pozos Geotérmicos, Canoas (ver mapa). Ahora, la tarea será documentarlo de forma contundente.
Pagan salarios pendientes
En medio de la contingencia por el incendio más importante de los últimos años en La Primavera, la Secretaría de Finanzas de Jalisco comenzó a liberar los pagos pendientes, hasta por tres quincenas, a los brigadistas dependientes de la dirección ejecutiva del bosque La Primavera.
El titular de la Seder, Álvaro García Chávez, aseguró que no es problema de la dependencia: “No depende del gobierno del estado que se les pague a los brigadistas, lo aclaramos con el director, es una cuestión administrativa de tener un programa operativo anual, de mandarlo a la Secretaría de Planeación, pasarlo luego a Finanzas y luego pagar con base en el presupuesto que el Congreso del Estado aprobó”. Aseguró que el problema sólo se ha dado con las brigadas del bosque, pero no tuvo reservas para elogiar al director, José Luis Gámez Valdivia: “Desde que él llegó, las cosas mejoraron muchísimo en relación con la anterior administración, y es claro que fue un cambio benéfico que demuestra nuestro compromiso”.
Llega ayuda federal a La Primavera
A pesar de que La Primavera ha sufrido cientos de incendios, nadie ha ido a la cárcel por este delito.EFE
- El incendio ya ha consumido alrededor de cuatro mil hectáreas
Por fin reacciona el Gobierno de la República ante el incendio; envía recursos humanos y se compromete a investigar y castigar a los responsables
ZAPOPAN, JALISCO (25/ABR/2012).- Por la gravedad de la crisis, el Gobierno federal dispuso recursos para apoyar en las labores que hacen frente a la contingencia generada por el incendio en el Bosque La Primavera, que ya ha consumido alrededor de cuatro mil hectáreas.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) iniciará una investigación para determinar las causas que provocaron el siniestro y llevar las pruebas necesarias a la Procuraduría General de la República (PGR).
De cumplirse este compromiso, podría convertirse en el primer caso en el que se pone nombre y apellido a las personas que causan un incendio en La Primavera. Pero esa todavía es una responsabilidad del Gobierno federal.
El procurador ambiental, Hernando Rodolfo Guerrero Cázares, acudió al Área Natural Protegida (ANP) por instrucciones del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada. “La petición es investigar, realizar las denuncias, levantar las actas correspondientes, y llevar a los responsables ante la justicia. Tenemos indicios de que el incendio ha sido provocado, nos preocupa y lo atenderemos una vez que pase lo urgente, que es terminar con el incendio. El daño es muy severo, hay partes totalmente quemadas”, detalló el procurador tras sobrevolar la zona.
Mientras los funcionarios hablaban, helicópteros iban y venían, volaba el pasto, bajaban y subían brigadistas. Los de la cara tiznada eran los que bajaban; los que subían todavía llevaban limpio el rostro, sonrientes, recién llegaban de distintos puntos del país para apoyar.
Guerrero Cázares informó que “el compromiso de Elvira Quesada” es que enviará recursos para restaurar toda el área afectada y declararán este polígono “en veda”, para que nunca se permita un cambio de uso de suelo (en teoría, no debería permitirse actualmente). “En el registro forestal, trabajaremos para que quede así, en veda, ése es el compromiso con los tapatíos”.
A pesar de que La Primavera ha sufrido cientos de incendios, nadie ha ido a la cárcel por este delito. El titular de la Profepa puntualizó que los peritos forestales deben recopilar pruebas contundentes, para lo cual es muy importante la denuncia de los ciudadanos. Y en este caso, por la gravedad del incendio, “pediremos una reunión con la procuradora General de la República, Marisela Morales”, para “que se aplique todo el peso de la ley”.
Profepa advierte a la Seder: no puede reiniciar presa
Ni siquiera el pago de multas por casi 3.5 millones de pesos es suficiente para que el gobierno de Jalisco (a través de la Secretaría de Desarrollo Rural) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) retomen la ejecución del proyecto Los Panales, una presa que se ubica en Cabo Corrientes, en medio de selvas medianas y bajas, en la Costa Norte de Jalisco.
Así lo advirtió ayer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en su sitio de Internet (www.profepa.gob.mx): es indispensable contar con la autorización de cambio de uso de suelo forestal, que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De lo contrario, reiniciar las obras las expone a una nueva clausura.
En la edición del pasado 26 de febrero, MILENIO JALISCO reveló que el titular de la Seder, Álvaro García Chávez, aseguraba que la clausura estaba levantada y sólo restaba pagar la multa para retomar los trabajos.
El funcionario consideró que el Estado de derecho no puede respetarse en este tipo de obras, por la tramitología y los tiempos presupuestales. “Desgraciadamente no podemos caminar a la par [la parte del Estado de derecho] con la tramitología y con los presupuestos, claro que no, por eso andamos metidos en tantas broncas todos los días”, expresó.
No obstante, la Profepa hizo ayer aclaraciones que matizan ese optimismo del funcionario: “Respecto a las obras y actividades de construcción de la presa Los Panales y su camino de acceso, en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco […] continúan suspendidas y no podrán reanudarse hasta que la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado obtenga la autorización en materia de cambio de uso de suelo, por parte de la Semarnat”.
Asimismo, “la Profepa aclara que el retiro de los sellos de clausura que realizaron sus inspectores a principios de este mes, fue única y exclusivamente con la finalidad de que la Administración estatal esté en posibilidad de ejecutar inmediata y puntualmente las actividades que contempla el Programa de Reforestación y Restauración de los terrenos donde se desarrolla el proyecto”.
Igualmente, “[la Seder] deberá presentar y dar cumplimiento a las actividades del Programa de Restauración y Reforestación propuesto ante la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal de la Profepa; es importante señalar que dicho Programa ya fue validado por la Comisión Nacional Forestal y su ejecución se propone en el predio Agua Brava, ubicado dentro del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera”.
Las anteriores medidas administrativas fueron adoptadas y notificadas por la Profepa, a la Seder, “junto con dos multas: una por la construcción de la presa y otra por el camino abierto. Ambas multas suman un total de tres millones 349,920 pesos, impuestas porque las obras se iniciaron antes de haber obtenido las autorizaciones ambientales federales”.
Así, el organismo federal “reitera que la reanudación de los trabajos de construcción, tanto de la presa Los Panales como del camino de acceso a ésta, en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, depende de la autorización de la Semarnat, independientemente del pago de las multas antes citadas. Por lo tanto, si la Seder incumple, la Profepa, en uso de sus facultades procedería a una nueva clausura e imponer sanciones más severas aún”, advirtió.
No obstante, ayer mismo, la Seder admitió estas aclaraciones: “La Seder no está realizando ninguna obra en estos momentos. El 10 de febrero se presentó de nuevo el trámite de uso de suelo, en espera de la respuesta de la Semarnat”, dijo la dependencia a este diario; las sanciones de la Profepa pueden ser apeladas en un término de 40 días, “en función de las compensaciones”. Pero se acatará lo que la autoridad determine.
:Claves
Los datos
• La presa Los Panales se edifica sobre el río Tecolotlán, en la zona selvática del municipio de Cabo Corrientes, considerada dentro de las regiones terrestres prioritarias para la conservación en México, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), porque habitan especies protegidas como jaguar y puma, entre otras.
• La superficie de construcción es de 493 hectáreas, y tendrá una cortina de 78 metros de altura con capacidad total de almacenamiento de 82.84 millones de metros cúbicos, buscando soportar una zona agrícola de 6,993 hectáreas.
• La CNA pone 70 por ciento del costo de la obra, dependencia que realizó la licitación sin tener los permisos correspondientes, de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo, que debía conseguir el gobierno de Jalisco, según el convenio firmado entre ambas partes.
Agustín del Castillo / Sergio Hernández / Guadalajara
Presa Los Panales no continuará hasta que cumpla con la ley: Profepa
CD. Y REGIÓN • 1 MARZO 2012 – 4:24PM — AGUSTÍN DEL CASTILLO
Para la reanudación de los trabajos de construcción tanto en la presa de Los Panales y en los caminos de acceso, Desarrollo Rural debe pagar una multa por tres millones 349 mil pesos y cumplir los requisitos de ley.
Guadalajara • La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó esta mañana que continúan suspendidas las obras de la presa Los Panales en Cabo Corrientes y no podrán reanudarse hasta la secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Jalisco tenga la autorización en materia de cambio de uso de suelo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Así mismo la Profepa aclaró que el retiro de los sellos de clausura que realizaron sus inspectores a principios de febrero fue única y exclusivamente con la finalidad de que la administración estatal esté en posibilidad de ejecutar inmediata y puntualmente las actividades que contempla el programa de reforestación y restauración del terreno de donde se desarrolla el proyecto.
De este modo la entidad federal desmintió al secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez quien había dicho que ya estaban en posibilidades de reanudar la obra y además se ufanó que pagando multas era suficiente para poder ejercer el presupuesto federal.
La Profepa reitera que la reanudación de los trabajos de construcción tanto en la presa de Los Panales y en los caminos de acceso a esta significa pagar una multa por tres millones 349 mil pesos y cumplir los requisitos de ley
Seder prefiere pagar la multa y violar la ley ambiental
Las obras de la presa Los Panales van a continuar porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó ya la clausura, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Álvaro García Chávez.
El funcionario consideró que el Estado de derecho no puede respetarse en este tipo de obras, por la tramitología y los tiempos presupuestales.
Así, mostró su satisfacción de que las autoridades ambientales dejaran en una simple multa las irregularidades cometidas, agregando que es mejor pagar una sanción que haber parado el proyecto.
“No había nada, la multa corresponde como la levantó la Profepa, nos llegará la sanción; hasta el momento no hemos pagado porque no nos ha llegado la notificación. Lo que sí es una realidad es que ya los sellos se levantaron, vino la propia subprocuradora [de Recursos Naturales de la Profepa, Adriana Rivera Cerecedo] y levantó, y están en condiciones ya de arrancar; seguramente en unos días más estará la gente de la Comisión Nacional del Agua y de la empresa reactivando la construcción de la presa”, expresó.
—¿Cuánto va a tener que pagar el gobierno de Jalisco por no haber respetado la ley ambiental?
—No tengo el dato, cuando me lo notifiquen [se pagará], pero como lo ratifiqué y lo vuelvo a ratificar el día de hoy, para nosotros es más barato ahorita en este momento pagar lo que la Profepa nos vaya, con justa razón a cobrar, si son dos millones, dos millones y medio de una multa, a perder una obra de 680 millones de pesos.
—¿Esta fue una decisión de usted?, el brincarse las leyes ambientales, ¿usted va a pagar la multa?
—No hay que confundirnos, yo quiera o no quiera no podía tomar la decisión de que se hiciera o no, a mi lo que me corresponde es coadyuvar y trabajar con la Comisión Nacional del Agua. Me corresponde hacer el trámite y el trámite lo hice tres veces, lo van regresando y no cumplo y me le hacen una observación, y ahí es donde está cayendo en incumplimiento, pero yo no puedo pararla, la decisión de continuarla es de la propia empresa y de quien licita la obra que en este caso es la Comisión Nacional del Agua, pero en este caso como vamos de la mano y como es un proyecto que beneficia a Jalisco, por eso asumo la responsabilidad.
Desde la semana pasada se ha solicitado al delegado de la Profepa en Jalisco, José Manuel Galindo Jaramillo, una entrevista para que explique los motivos por los que la dependencia decidió levantar la clausura y cual fue la multa por las irregularidades cometidas, pero no ha habido respuesta.
La presa Los Panales se edifica sobre el río Tecolotlán, en la zona selvática del municipio de Cabo Corrientes (en la Costa Norte), considerada dentro de las regiones terrestres prioritarias para la conservación en México, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), porque habitan especies protegidas como jaguar y puma, entre otras.
La superficie de construcción es de 493 hectáreas, y tendrá una cortina de 78 metros de altura, con capacidad total de almacenamiento de 82.84 millones de metros cúbicos, buscando soportar una zona agrícola de 6,993 hectáreas.
La CNA pone el 70 por ciento del costo de la obra, dependencia que realizó la licitación sin tener los permisos correspondientes, de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo, que debía conseguir el gobierno de Jalisco, según el convenio firmado entre ambas partes.
Álvaro García Chávez se siente tranquilo porque también habría evadido, con el apoyo de la Profepa, la inminente denuncia penal que en su momento se iba a interponer por la delegación Jalisco de la dependencia.
“Para empezar yo no licité la obra ni construyo”, dijo en relación a los delitos ambientales, “mi responsabilidad es coadyuvar y ponerles ahí, porque bien le pudo tocar sacar el ordenamiento a la Comisión Nacional o a alguien más, pero no se trata de eso, se trata de asumir la parte que nos corresponde a cada quien y a nosotros en las responsabilidades que nos compartimos, yo le ayudo a la CNA a hacer ese trámite”.
Violar el estado de derecho
Comenzar las obras de la presa Los Panales y remover la vegetación de la zona implica una infracción, de acuerdo con la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, y un delito ambiental de acuerdo con el Código Penal Federal, lo cual no respetó el secretario de Desarrollo Rural del estado, Álvaro García, y tampoco la Comisión Nacional del Agua.
“Lo que le pudiera tocar al gobierno del estado de Jalisco, en este caso la multa por los daños que no es nada comparado con lo que hizo Jova, que destruyó diez mil veces más que lo que en su momento el impacto ambiental tiene, entonces así como que estar muy preocupados porque hicimos un ecocidio ahí, pues para nada. Simplemente hay un proceso que en nuestro país desgraciadamente no podemos caminar a la par”.
—¿No puede caminar a la par el estado de derecho con la transformación?
—Hay un proceso que en nuestro país desgraciadamente no podemos caminar a la par [la parte del estado de derecho] con la tramitología y con los presupuestos, claro que no, por eso andamos metidos en tantas broncas todos los días.
Guadalajara • Sergio Hernández Márquez
Colonos denuncian la tala de pinos
Desde hace tres meses, cuando la señora Ana María García López se convirtió en la presidente vecinal del fraccionamiento Agua Escondida, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, vecinos del lugar han detectado tala de pinos y la salida de camiones que cargan madera.
Hasta ocho veces por semana, durante la noche, ingresan camiones al fraccionamiento para cargar la madera que es vendida, comentó Jorge, un colono que se ha encargado de denunciar los hechos ante varias dependencias.
Dijo que la presidente de vecinos les ha argumentado que el reglamento interno del fraccionamiento le da facultades para hacer la actividad: “Hemos hablado con ella y dice que está en su derecho, porque le está dando facultades el mismo municipio, ella habla de su reglamento, ya que está inscrita como una sociedad civil, que está en sus facultades que el mismo fraccionamiento le ha brindado”.
Jorge, quien se presentó así por cuestiones de seguridad, dijo que la semana pasada se dirigió al ayuntamiento, con el encargado de la Dirección de Ecología para realizar la denuncia y éste se deslindó de alguna responsabilidad.
Al ser omisa la denuncia en el municipio, la acusación se realizó ante el encargo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la región Ciénega, Hernando García Becerra, quien dijo que “no les compete, porque es zona habitacional y nos argumenta que no estaba dentro de su competencia, pero que se dirigían con el municipio. Nos comunica vía telefónica con el secretario de Ecología de Ixtlahuacán y dice que solamente es un árbol que estaba poniendo en riesgo una casa”.
Al no tomar cartas en el asunto las autoridades municipales y federales sobre la tala de árboles dentro y alrededores del fraccionamiento, Jorge dijo que pondrá la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, al encontrar violaciones en los artículos 417, 418, 419 y 420 bis del Código Penal Federal.
Como pruebas, Jorge ha mostrado una foto de un camión que sale del fraccionamiento, cargado de madera. Además, cuenta con un video en que se muestran árboles talados, ubicados en un terreno del fraccionamiento.
Ixtlahuacán de los Membrillos • Arturo Ramírez Gallo
»Obligan» a municipios a regular a las ladrilleras
Para algunas familias la regulación de las fábricas afectaría su principal ingreso.
- Buscarán que la Proepa multe por no cumplir reglas de operación
Los municipios intervendrán para exigir la aplicación de acciones contra la contaminación; algunas localidades carecen de inventario
GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2012).- Para oficializar el acuerdo entre los ayuntamientos que integran el Polígono de Fragilidad Ambiental (Pofa) de la Cuenca de El Ahogado y la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) respecto a la regulación de ladrilleras —uno de los grandes focos de contaminación atmosférica—, se acordó integrar a las metas del Órgano Técnico Mixto la intervención directa de los municipios, a fin de “obligar” a que se implementen acciones y que éstas no queden sólo en el discurso.
De esta manera, las localidades en donde se han detectado problemas en la calidad del aire como secuela a la operación de estos giros tendrán que exponer avances en la solución del problema; en caso contrario, el titular de Semades, Héctor Eduardo Gómez Hernández, buscará la intervención de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), para que se les multe por desacatar lo constituido como obligación.
Actualmente, sólo Tlajomulco ha arrancado en forma con la regulación de ladrilleras; la propia Semades colaboró con ese Ayuntamiento para iniciar la construcción de un complejo distante a zonas habitacionales, en donde varios de estos negocios serán reubicados. De hecho, ese municipio expondrá los puntos a favor y en contra de la medida que eligió como óptima, para “que sirva de experiencia al resto de localidades”.
Durante la cuarta reunión de ese Órgano Técnico Mixto, que busca la restauración del medio ambiente en la cuenca de El Ahogado, se expuso que ciertas localidades han atendido el exhorto de Semades, aunque otras ni siquiera tienen listo su inventario de ladrilleras.
El problema es de tal magnitud que hay zonas de la cuenca, próximas al contaminado cauce del Río Santiago, que reflejan un mayor nivel de polución por la operación de ladrilleras, que por el resto de desechos que viajan en esas aguas.
La semana pasada, autoridades estatales y municipales visitaron ciertas zonas habitacionales de Tonalá, próximas a ladrilleras en funcionamiento. Destacaron que uno solo de estos negocios puede generar hasta 500 puntos Imeca (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire), debido a que no únicamente se usa madera como materia prima de combustión, sino también desechos.
Esto, aunado al histórico de calidad del aire en la ciudad, ha obligado a la dependencia estatal a hacer de nueva cuenta “un exhorto fuerte a los presidentes municipales donde tienen las ladrilleras, para que atiendan no sólo el inventario, sino su regulación”.
“Acordamos que fuera en esta reunión (cuando se informara sobre) los inventarios. Algunos no lo cumplieron. Pero en la regulación, aunque apenas se levantó el acuerdo, ya mandé el oficio”.
La siguiente reunión del Pofa, cuya fecha aún no está definida, revelará los avances o desatenciones de los municipios en la regulación de ladrilleras.
En la Cuarta Reunión del Órgano Técnico Mixto de la Cuenca El Ahogado, autoridades de los tres niveles de Gobierno acordaron estas acciones como parte de los trabajos para la restauración y saneamiento de la cuenca. En esta ocasión participaron integrantes de organizaciones no gubernamentales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
INDUSTRIA TÓXICA
Acciones
La contaminación provocada por ladrilleras se presenta en mayor medida en las zonas periféricas de la ciudad. Se agrava porque en muchos de los casos, los combustibles que se queman para cocinar el ladrillo son tóxicos (llantas, plásticos, desecho, basura), lo que representa un grave riesgo a la comunidad que habita o trabaja por la zona.
Su ubicación es otro añadido a la estela de riesgos, pues por lo regular se encuentran próximas a zonas habitacionales y/o escuelas.
Varios municipios han abordado el tema y propuesto soluciones. Tlajomulco es el único que ha impulsado ceder un predio lejano a zonas habitacionales, para que se reubiquen al menos 17 ladrilleras que operan en su Cabecera Municipal.
Tlaquepaque ha identificado una mayor problemática de este tipo en colonias como La Gigantera, Emiliano Zapata y Francisco Silva Romero. La alternativa planteada es facilitar el material no tóxico como madera, para inhibir el uso de otro tipo de combustible.
De acuerdo con la Semades, en Guadalajara se está optando por desplazar los establecimientos, debido a que hay poca posibilidad que el municipio ceda terrenos para un parque ladrillero, como en Tlajomulco.
En el caso de Tonalá y El Salto, ambas localidades registran poco avance. Zapopan también estará presentando sus soluciones en la siguiente reunión de este órgano.
CRÓNICA
Vivir del ladrillo
Con los pies descalzos enterrados hasta la pantorrilla entre estiércol y aserrín. Preparan la mezcla que más tarde hornearán hasta que tome su característico color naranja. Son trabajadores de la Colonia Santa Rosa, en Tlaquepaque, quienes perderían más que su trabajo si clausuran las ladrilleras de Tlaquepaque y la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Doña Adela inicia su jornada a las seis de la mañana en la Colonia Arroyo de Enmedio, ubicada en el mismo municipio. Como ella, toda su familia lleva más de 40 años dedicándose a la elaboración de ladrillos. No cuenta con ningún estudio, sólo aprendió los quehaceres del hogar y la empresa familiar.
“Tengo 60 años; en marzo cumplo los 61 y desde niña me dedico a esto”. El peso del tiempo no la deja trabajar más que tres días a la semana. Echa el barro para tenderlo e ir acuñándolo. Pone la adobera en el molde, más tarde tiende las piezas y las deja remojando para regresar al otro día y terminar su primera tanda.
Así como ella, José Juan, de 27 años, se ha dedicado “desde que estaba ‘morrito’” a la ladrillera. Toma una pala para hacer la mezcla. Él, por necesidad, trabaja más de 12 horas por cinco días a la semana. Le pagan dependiendo de la cantidad de ladrillos que saca; aproximadamente unos 150 pesos.
Los dueños del terreno de la Colonia Santa Rosa, le permiten vivir en el lugar, en una casa improvisada, hecha sólo con los bloques rectangulares que fabrica. La habita con sus dos hijos, de cuatro y seis años, y su esposa. Gracias al sacrificio de su padre, los niños pueden acudir a la primaria de la zona, algo que su padre no pudo realizar.
Refugiadas entre escombro, dentro de calles sin pavimentar donde se encharca agua de la lluvia de estos días, hay más personas que le dedican sus días al adobe, como doña Adela y José Juan. Vecinos que, sin tener conocimientos de otra profesión, compiten entre ellos intentando producir más de este material de construcción.
Uno de ellos es don José Cruz, quien conforma un equipo de trabajo con sus seis hijos. Dos de ellos se dedican a la albañilería, pero cuando finalicen la obra regresarán a darle una mano a su progenitor.
“Este trabajo necesita que esté uno pendiente diario. Si nos mueven para otro lado tendríamos que vivir ahí pero, ¿cómo?”. Se pregunta don Cruz. Temen perder su empleo si la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) decide realizar un corredor de ladrilleras ecológicas lejos de su hogar. “No sé dedicarme a otra cosa. Ésta fue mi escuela”.
Los tres están por concluir su jornada, ya inician las 17:00 horas. Se encierran en sus casas para descansar sin dejar de pensar qué será de ellos. Los tres dan la misma respuesta cuando se les pregunta qué pasaría si la medida para mejorar la situación climática en el Estado es tomada por las autoridades: “Nos moriríamos de hambre”.
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