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GAP buscará que Aristóteles sea mediador en conflicto con ejidatarios de El Zapote

diciembre 10, 2012 Deja un comentario

10 diciembre, 2012 | Categoria: Jalisco,_portada1 | Escrito por: 

 

• El Grupo Aeropuertuario del Pacífico quiere invertir alrededor de 280 mdp en la ampliación y mejora de algunas áreas

Aeropuerto Miguel Hidalgo de Jalisco. Foto Arturo Campos Cedillo

(Guadalajara).- El Grupo Aeropuertuario del Pacífico (GAP) buscará una acercamiento con el próximo gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, para que solicitar su mediación con las autoridades federales para destrabar el conflicto que existe entre el gobierno federal y los ejidatarios de El Zapote por la expropiación de unas tierras, aseguró el director de relaciones públicas del GAP, Miguel Aliaga, quien recordó que este litigio bloquea el crecimiento de la terminal aérea.

“Estamos buscando estas reuniones. Entendemos que en la agenda de Aristóteles no se ha abierto, pero en nuestra agenda está, por supuesto, el reunirnos con él. Seguramente él tendrá como parte de sus principales objetivos en lo que se refiere con el aeropuerto, trabajar en esa solución del conflicto con El Zapote”, dijo.

Aliaga presentó un balance del año 2012 de la terminal aérea en el que indicó que, en comparación con el año pasado, disminuyó la cantidad de pasajeros que se tuvo en el último trimestre como consecuencia de la realización de los Juegos Panamericanos; además mencionó que en el presente año se invirtieron cerca de 150 millones de pesos en distintas obras, mientras que para el año que entra se buscará invertir alrededor de 280 millones de pesos en la ampliación y mejora de algunas áreas.

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Bordo Poniente: ¿de basurero a aeropuerto?

El Bordo Poniente está muy cerca del actual aeropuerto.

El Bordo Poniente está muy cerca del actual aeropuerto.Cuartoscuro

Conoce la historia del aeropuerto alterno que el gobierno siempre tuvo en sus manos y que en 27 años nunca despegó.

Nicolás Lucas

 

La capital mexicana demanda una nueva terminal aérea desde hace 3 décadas. Su actual y único aeropuerto civil, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se encamina al límite máximo de su capacidad aún con la existencia de una segunda terminal.

 

En los últimos 5 sexenios se buscaron y desecharon distintas soluciones, pese a que una opción más viable fue identificada hace 27 años por el mismo gobierno federal en el estudio “Ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez”, de julio de 1984.

 

Esta opción resurgió, luego que Vicente Fox anunciara en 2001, y reculara un año después, los planes de su gobierno para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, porque entonces sólo se consideraron 2 alternativas: Texcoco y Tizayuca.

 

En cambio, se olvidó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) analizaba desde 1984 la posibilidad de edificar un nuevo aeropuerto en las inmediaciones del Bordo Poniente, a un costo de 122,000 millones de pesos de ese año y que hubiera estado concluido hacia fines de 1987, en una primera etapa.

 

Así, la capital mexicana se perdió la oportunidad de contar con un aeropuerto que hubiera contribuido a desahogar su demanda de transporte aéreo durante los próximos 30 años. En cambio, ahora no sabe qué hacer con un vertedero de 70 millones de toneladas de basura apiladas en montañas de 17 metros de altura.

 

El estudio de factibilidad de esa potencial terminal fue elaborado por la SCT bajo la gestión del entonces secretario Rodolfo Félix Valdés, y aunque otras investigaciones sin mayores explicaciones niegan ahora sus beneficios, éstos avalan que fue y es factible emplazar una terminal satélite a 13 kilómetros al nororiente del Zócalo capitalino y a 2 del edificio principal del AICM, en terrenos federales en los que habría espacio para levantar 2 edificios terminales y 4 pistas de aterrizaje y despegue simultáneo de aviones, así como para estacionar hasta un centenar de aeronaves de grandes dimensiones. En sí, esta obra doblaría en tamaño al actual AICM.

 

Su costo sería hoy de unos 1,000 millones de dólares, un décimo de lo que en 2001 y 2002 hubiera costado el fallido aeropuerto de Texcoco. La mayor de sus bondades, ante las ofertas de Texcoco y Tizayuca, es que no implicaba el cierre definitivo del AICM y, por tanto, no habría que indemnizar, o no tanto, a operadores aeroportuarios, aerolíneas y otros empresarios por las inversiones que pudieran haber desembolsado hasta ese momento en el aeropuerto Benito Juárez.

 

 

En el olvido

 

Sin embargo, dicho estudio, del que EL FINANCIERO posee una copia, sólo ha ganado el polvo de los años en alguna oficina de la SCT y tampoco ha sido invalidado por la dependencia, quien además no ha respondido a solicitudes de entrevista sobre el tema.

 

Los candidatos presidenciales del PAN, PRI y PRD y las plataformas electorales que estos tres partidos políticos promoverán entre los años 2012 y 2018 no hablan en específico de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.

 

Mientras, legisladores de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados rechazaron platicar sobre el asunto. Javier Gil Ortiz, presidente de la Comisión, respondió a través de un correo electrónico de su secretario particular, Francisco Morales, que por motivos del inicio del periodo ordinario de sesiones se pronunciaría más adelante.

 

El 22 octubre de 2001, el titular de la SCT en el gobierno foxista, Pedro Cerisola, dijo que esta dependencia planteaba desde años atrás “ampliar el aeropuerto actual sobre su eje existente, hacia el Lago de Texcoco” y añadió que la Secretaría de Obras Públicas, hoy inexistente, también instaba la construcción de una terminal aérea al “nororiente” del actual AICM, por lo que era apremiante encontrar la solución para un aeropuerto que entonces ya se encontraba “desbordado”.

 

Pese a los reiterados llamados de urgencia, el AICM se enfila una vez más, como en 2005, a su tope máximo de operación en la movilización de pasajeros, tanto en tierra como en el aire, porque no obstante los 8,500 millones de pesos que se invirtieron en la construcción de la Terminal 2 (T2), el número de operaciones sólo pasó de 54 a 62 por hora entre aterrizajes y despegue en los horarios de mayor demanda, comenta Fernando Gómez Suárez, asesor de inversionistas en negocios aeroportuarios, también asesor para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en la materia.

 

A decir del también catedrático de la Universidad Panamericana en la maestría de Políticas Públicas y alguna vez periodista para la oficina del prensa del AICM, este aumento de operaciones no parece que vaya a solucionar la creciente demanda de vuelos, pues el tráfico de pasajeros aumenta constantemente año contra año en cientos de miles. Por ejemplo, pasó de 21 millones en el año 2000 a 24 millones 130,535 en el 2010 y a 26 millones 368,861 en 2011, un aumento de 2 millones 238,000 pasajeros en sólo un año.

 

 

Crecientes problemas

 

El problema no se circunscribe sólo al aumento de pasajeros en los edificios terminales, sino en la saturación de operaciones en el aire. La prueba fue el accidente en el que perdió la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el 4 de noviembre de 2008, luego que la SCT determinó en el peritaje final del accidente que el avión en el que viajaba el funcionario se precipitó a tierra, tras entrar en una estela de turbulencias generada por la aeronave que le precedía en ruta hacia el AICM, la cual se originó por la aproximación tan estrecha que existía entre ambos aparatos y, ésta a su vez, creada por el intenso tráfico aéreo que existe en los cielos de la capital mexicana.

 

Por inconvenientes no solucionados como los anteriores, el AICM ha perdido competitividad a nivel mundial. En 2011, el Airports Council International, lo ubicó como la terminal aérea número 52 más competitiva del mundo por movilización de pasajeros, cuando en 2009 fue la 44, mientras que por número de operaciones consiguió el sitio 30, cuando 2 años atrás fue la 28. Todo, en una evaluación en el que participaron 368 aeropuertos.

 

Además, los problemas sociales que enfrentaron a San Salvador Atenco con las autoridades por la elección de Texcoco como sede del frustrado aeropuerto pudieron evitarse, pues de acuerdo con el estudio ”Ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez”, de julio de 1984, con la opción del Bordo Poniente se hubieran esquivado “costos sociales” y “problemas significativos”, e inhibido el crecimiento irregular de la mancha urbana en el oriente de la ciudad y, en cambio, pudo haberse detonado un polo de desarrollo con la ampliación del AICM hacia esa área.

 

Ahora, al AICM se le esfuma el tiempo para contar con una terminal alterna, por ello enfrenta continuos problemas como los apagones del 28 de septiembre de 2011.

 

Estos inconvenientes los preveía el estudio de 1984, también patrocinado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), pues éste argumentaba entonces que una ampliación del AICM hacia el Bordo Poniente garantizaría el transporte aéreo para la ciudad sin contratiempo en tierra y aire por al menos entre 30 y 40 años a partir de que estuviera totalmente concluido, pasados los años 90.

 

 

Las posibles sedes

 

En el citado estudio, en el que también participaron la Subsecretaría de Infraestructura y la Dirección General de Aeropuertos, se estipula que fueron 9 las opciones analizadas para albergar al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México: Pachuca, Zumpango, Santa Lucía, Tlaxcala, Huejotzingo, Cuautla, Toluca, Texcoco y la Ampliación (hacia el Bordo Poniente).

 

Huejotzingo, Cuautla, Tlaxcala y Pachuca fueron descartadas por su lejanía de la capital. Por su parte, Zumpango supuso en ese entonces el fin de la actividad agropecuaria, mientras que Santa Lucía implicaba el cierre definitivo de la base militar allí existente. Quedaron entonces las opciones de Toluca, Texcoco y el de la Ampliación, que por cierto el grupo inversionista Hakim denominó como “Terminal Satélite” luego de otros estudios solicitados por la misma SCT en 1995.

 

Al final, optar por Toluca hubiera significado un incremento en el costo del pasaje aéreo y en el tiempo de traslado, además que “desde el punto de vista psicológico”, la terminal mexiquense no se “identificaría” como el aeropuerto de la Ciudad de México.

 

Mientras, elegir a Texcoco hubiera significado cerrar el AICM, movilizar 14 kilómetros más al oriente al personal aeroportuario y, además, habrían “existido problemas significativos para la operación aeronáutica -del AICM- durante las primeras etapas de desarrollo de ese proyecto”.

 

 

Cierre del Bordo, una oportunidad

 

En contraparte, en el estudio “se considera pertinentemente proponer la ampliación del aeropuerto actual como la solución más adecuada, tanto para las primeras etapas, como para la satisfacción de la demanda final”, cita el estudio en su página 18.

 

Los principales argumentos que se dan en el estudio son:

 

• Los recorridos terrestres serían los mismos para los usuarios

• Se conservaría la infraestructura del AICM y las rutas del transporte urbano

• Se permitiría la interconexión de las pistas del AICM con las de la nueva terminal

• El proyecto armoniza con las estipulaciones del Plan Lago de Texcoco

• Se realizarían ampliaciones y modernizaciones sin costos sociales

• Se garantiza desarrollo progresivo conforme aumenta la demanda de servicios de aviación

• Se reducen en zonas habitadas los riesgos derivados del descenso de aviones en pistas de aterrizaje

• Se evita la conurbación entre la Ciudad de México y el Municipio de Texcoco

 

Asimismo, el trabajo arroja que para la capital mexicana sería “altamente beneficioso que la terminal aérea se encuentre cerca y conectada directamente al corazón de la ciudad”.

 

Sin embargo, la solución a los problemas del AICM “se ha venido postergando desde hace 30 años”, dice el analista Gómez Suárez.

 

“Hay terrenos disponibles en la zona federal de los basureros que recientemente cerró el gobierno de la ciudad. Realmente hay otras opciones a Tizayuca o Texcoco”, señala.

 

 

Tampoco será en 2012

 

Por ahora “no es prioridad para el gobierno” la opción de construir una nueva terminal aérea, ni en el Bordo Poniente ni en otro sitio, dice Víctor Valdés, investigador de la Universidad Anáhuac Norte y analista en temas aeronáuticos.

 

Inclusive, el 2012 no terminará con el proyecto ejecutivo del nuevo aeropuerto como sostiene elPlan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Calderón, pues de “alguna manera se tiene que descontar la inversión que se hizo en la T2”, y por ello, “en el momento en que se decida hacerlo, se tendrá que enfrentar intereses económicos” que se han creado en el AICM.

 

“En 2012, no. Tendrá -el gobierno- qué ver cómo lidia o cómo negocia con esos intereses y como se verían afectados esos contratos -en la T2- por la creación de un nuevo aeropuerto. Estamos a contrarreloj desde hace 30 años y oficialmente el aeropuerto se vio saturado entre el 2005 y 2009”, afirma Víctor Valdés.

 

Mientras, Alejandro Villarreal, socio de la Práctica de Infraestructura de KPMG México, indica que por la demanda de nueva infraestructura aeroportuaria para la capital mexicana, la del Bordo es “una ubicación a considerar, como las otras 2 que tanto estuvieron en polémica”.

 

Según el consultor, el Bordo Poniente ofrece como ventajas la cercanía al AICM, menores tiempos de traslado y no implicaría problemas mayores para los trabajadores de la terminal que debieran ser reubicados.

 

Asimismo, su posible costo de 1,000 millones de dólares no suena “nada arrebatador” para lo que cuesta una terminal aérea, dice.

 

“Yo procuraría que se revisara -la opción del Bordo Poniente-. Que hay algunas limitantes, pero es la menos inviable, porque no hay opción óptima”, comenta a su vez Fernando Gómez Suárez.

 

Han pasado 30 años de buscar una solución para una terminal aérea alterna. El colapso aéreo en la ciudad está cada vez más cerca. Y el gobierno ha tenido siempre una solución muy factible en sus manos. ¿Cuánto tiempo más esperará?

 

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Ejidatarios suman fuerzas para defender sus tierras de la autoridad

febrero 29, 2012 Deja un comentario

 

Se unirán representantes de los ejidos de Toluquilla, Zapotlanejo, San Juan Evangelista y San José del Valle. ARCHIVO

  • Protestarán por el daño ambiental, que aseguran, causará así como las repercusiones sociales

Entre las obras carreteras que desean impedir su construcción son el macrolibramiento y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y diversas obras carreteras

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2012).- Con el fin de defender sus tierras de las obras que la autoridad ha proyectado para arrancar este año, varios líderes ejidales de los municipios de Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque y Zapotlanejo unieron fuerzas esta mañana. Su embate estará encaminado a la no continuidad de proyectos como el macrolibramiento, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y diversas obras carreteras.

El discurso que emiten se centra, en primera instancia, en las afectaciones ambientales que se generan a consecuencia de la intervención del hombre en zonas naturales pertenecientes a sus respectivos ejidos. No obstante, su línea central va encaminada a las repercusiones sociales de fondo.

Representantes de los ejidos de del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y diversas obras carreteras(el ejido y la comunidad indígena), Toluquilla, Zapotlanejo, San Juan Evangelista y San José del Valle confirmaron la alianza, y detallaron que el bloque busca frenar la secuencia de proyectos que van en detrimento de sus tierras.

El primer punto lo expuso Pedro León Corrales, asesor legal de El Zapote y San Juan Evangelista, con respecto a la secuencia de obras en la ampliación de la aduana y la pista de aterrizaje en el Aeropuerto de Guadalajara. Celebró que tanto los comisariados como los posesionarios de esos ejidos lograron que el Juzgado Cuarto de Distrito concediera una declaratoria (que calificó como “histórica”) que apercibe al Presidente de la República a para que tome cartas “de inmediato” en el asunto.

El conflicto versa sobre 306 hectáreas que el ejido reclama como propias, y sobre las cuales se construye actualmente la aduana del puerto aéreo. El comisariado buscó atención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para aclarar la situación y esta, asegura, ofreció 13 pesos por cada metro cuadrado, pago que no fue aceptado, pues sus evaluaciones catastrales les hablan de al menos 500 pesos por cada porción de terreno.

Pese a esto, las obras de construcción continuaron; el Ayuntamiento de Tlajomulco incluso las clausuró en noviembre pasado. No obstante, acusó el representante ejidal, 15 días después retiró los sellos y “ocultó esa información al juez de distrito”.

El fin último del apercibimiento al Primer Mandatario (quien tiene 24 horas para turnar instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes) es buscar una solución “que beneficie a ambas partes”; esto es, que se les indemnice por las 306 hectáreas ocupadas, y entregue además “el pago de la renta por todos los años” que el terreno ha servido para la Federación, sin haberse cedido por la autoridad agraria.

Destacó que, al no haber utilizado el gobierno la totalidad del terreno que, aseguran, pertenece al ejido, el resto de las hectáreas (60) se respeten y regresen a ese núcleo agrario. La intención, acordaron, no es “bloquear el desarrollo del Estado”, sino que se respeten los pagos justos por concepto de tierra, y que la eventualidad no se repita en el futuro.

Respecto a la oposición al macrolibramiento, que todas las partes decidieron apoyar, se exigió el respeto a 641 hectáreas que competen al ejido de Santa Ana Tepetitlán, y que eventualmente, consignaron, serán atravesadas por el trazo.

Por ello, el asesor de ejidatarios de Santa Ana,  Juan Martínez López, acudió hace cuatro días ante el Juzgado Quinto de Distrito, a fin de iniciar con la tramitología necesaria para evitar que este macro proyecto vea la luz, pues de lo contrario “afectará la biodiversidad del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera”.

Para Saber

La vía para el transporte de carga recorrerá de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo hacia la vía libre a  Zapotlanejo, continúa por la Carretera a Chapala, sigue por Prolongación López Mateos (adelante del poblado Buena Vista) y llega hasta la autopista a Tepic, adelante de la caseta de cobro.

La vía será de cuota y permitirá sacar los vehículos de carga pesada de la metrópoli.

EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA

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Acusan de desacato a Calderón, Tlajomulco y a la SCT por permitir obras en el aeropuerto

febrero 21, 2012 Deja un comentario

Por  ,21 febrero 2012 5:59 am 0

Mauricio Ferrer.-

Carlos Veyna Martínez, Pedro León, Ernesto Ledezma G—ómez y Miguel Ángel Castellanos durante la rueda de prensa donde denunciaron el desacato del gobierno federal y de el ayuntamiento de Tlajomulco al violar la suspensi—ón de plano que se encuentra vigente otorgada al ejido. foto Arturo Campos Cedillo.

Ejidatarios de El Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga, acusaron ayer de desacato al presidente Felipe Calderón Hinojosa, a autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a las del ayuntamiento municipal, por permitir que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) continúe con la ampliación de la aduana en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, aun cuando existe una suspensión judicial de 2011 que ordenó parar la construcción de la obra.

Y no sólo eso, los ejidatarios interpusieron una denuncia ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, contra el juez tercero de distrito en materia administrativa y de trabajo de Guadalajara, Óscar Arturo Murguía Mesina. El motivo: el citado juez no ha resuelto una demanda que los afectados iniciaron contra Calderón Hinojosa, el titular de la SCT, y también contra el entonces alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro.

Murguía Mesina “es el abogado de oficio del Grupo Aeroportuario del Pacífico”, expresó Pedro León Corrales, representante de la comunidad agraria.

El 16 de febrero pasado, el ejido presentó la denuncia contra el juez por “falta de pericia, ineptitud, falta de profesionalismo y posible tráfico judicial” en agravio del mismo ejido, por actos derivados del amparo 1788/2009, relativos al cumplimiento de la ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa.

El órgano concedió la suspensión al ejido, relativa a los efectos y consecuencias del decreto de expropiación (de 306 hectáreas de El Zapote) del 19 de septiembre de 1975. En noviembre de 2010, la suspensión ordenó dejar las cosas en el estado en que se encontraban hasta agosto de ese mismo año, de tal forma que el ayuntamiento de Tlajomulco estaba impedido para emitir permisos, licencias o cualquier otro movimiento catastral.

Y aunque en noviembre del año pasado –un año después de emitido el amparo–, el ayuntamiento procedió a clausuar la obra de la ampliación de la aduana del aeropuerto, ubicada en el polígono 1 del ejido, el GAP continuó con la edificación –cuyo valor ronda los 50 millones de dólares–, según los ejidatarios.

“Luego de la clausura, hubo tráfico de influencias y amenazas. El World Trade Center, que no es parte del juicio, se apersona ante el ayuntamiento y lo amenaza con obligarlo a pagar daños y perjuicios. Señala que la obra está fuera de la superficie expropiada. No prueba ello y el 25 de noviembre pasado desaparecen los sellos de clausura. El World Trade Center sigue construyendo con el apoyo del gobierno del estado, con oficios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el ayuntamiento permite la construcción”, señaló Pedro León.

Relató que el ayuntamiento señaló que tenía dudas sobre la ubicación de las obras en el aeropuerto. Los ejidatarios solicitaron información ante la Secretaría de la Reforma Agraria. La información proporcionada indica que la construcción sí se ubica en el polígono del ejido. Eso fue el 9 de febrero pasado.

“El ejido solicitó al juez de distrito que requiriera a los superiores jerárquicos para que acrediten el cumplimiento de la suspensión. El juez se negó, y en cambio, de manera arbitraria pretende que se quiten los sellos de la aduana, por el ayuntamiento de Puerto Vallarta, organismo ajeno al caso”, narraron los ejidatarios a través de una relación escrita de los diferentes episodios del caso.

De ahí fue que los ejidatarios también denunciaran al juez. Y por ahora, sólo apelan a la voluntad del gobierno “aprobado” que dejó Enrique Alfaro Ramírez en Tlajomulco de Zúñiga.

“Esperamos que pase la prueba de la legalidad y cumpla totalmente con la ejecutoria o en caso de ser reprobado, que sean destituidos de sus cargos e inhabilitados para ocupar cargos públicos tanto los actuales funcionarios como los anteriores, entre ellos el presidente con licencia Enrique Alfaro”, advirtieron.

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