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Acusan de desacato a Calderón, Tlajomulco y a la SCT por permitir obras en el aeropuerto

Por  ,21 febrero 2012 5:59 am 0

Mauricio Ferrer.-

Carlos Veyna Martínez, Pedro León, Ernesto Ledezma G—ómez y Miguel Ángel Castellanos durante la rueda de prensa donde denunciaron el desacato del gobierno federal y de el ayuntamiento de Tlajomulco al violar la suspensi—ón de plano que se encuentra vigente otorgada al ejido. foto Arturo Campos Cedillo.

Ejidatarios de El Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga, acusaron ayer de desacato al presidente Felipe Calderón Hinojosa, a autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a las del ayuntamiento municipal, por permitir que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) continúe con la ampliación de la aduana en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, aun cuando existe una suspensión judicial de 2011 que ordenó parar la construcción de la obra.

Y no sólo eso, los ejidatarios interpusieron una denuncia ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, contra el juez tercero de distrito en materia administrativa y de trabajo de Guadalajara, Óscar Arturo Murguía Mesina. El motivo: el citado juez no ha resuelto una demanda que los afectados iniciaron contra Calderón Hinojosa, el titular de la SCT, y también contra el entonces alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro.

Murguía Mesina “es el abogado de oficio del Grupo Aeroportuario del Pacífico”, expresó Pedro León Corrales, representante de la comunidad agraria.

El 16 de febrero pasado, el ejido presentó la denuncia contra el juez por “falta de pericia, ineptitud, falta de profesionalismo y posible tráfico judicial” en agravio del mismo ejido, por actos derivados del amparo 1788/2009, relativos al cumplimiento de la ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa.

El órgano concedió la suspensión al ejido, relativa a los efectos y consecuencias del decreto de expropiación (de 306 hectáreas de El Zapote) del 19 de septiembre de 1975. En noviembre de 2010, la suspensión ordenó dejar las cosas en el estado en que se encontraban hasta agosto de ese mismo año, de tal forma que el ayuntamiento de Tlajomulco estaba impedido para emitir permisos, licencias o cualquier otro movimiento catastral.

Y aunque en noviembre del año pasado –un año después de emitido el amparo–, el ayuntamiento procedió a clausuar la obra de la ampliación de la aduana del aeropuerto, ubicada en el polígono 1 del ejido, el GAP continuó con la edificación –cuyo valor ronda los 50 millones de dólares–, según los ejidatarios.

“Luego de la clausura, hubo tráfico de influencias y amenazas. El World Trade Center, que no es parte del juicio, se apersona ante el ayuntamiento y lo amenaza con obligarlo a pagar daños y perjuicios. Señala que la obra está fuera de la superficie expropiada. No prueba ello y el 25 de noviembre pasado desaparecen los sellos de clausura. El World Trade Center sigue construyendo con el apoyo del gobierno del estado, con oficios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el ayuntamiento permite la construcción”, señaló Pedro León.

Relató que el ayuntamiento señaló que tenía dudas sobre la ubicación de las obras en el aeropuerto. Los ejidatarios solicitaron información ante la Secretaría de la Reforma Agraria. La información proporcionada indica que la construcción sí se ubica en el polígono del ejido. Eso fue el 9 de febrero pasado.

“El ejido solicitó al juez de distrito que requiriera a los superiores jerárquicos para que acrediten el cumplimiento de la suspensión. El juez se negó, y en cambio, de manera arbitraria pretende que se quiten los sellos de la aduana, por el ayuntamiento de Puerto Vallarta, organismo ajeno al caso”, narraron los ejidatarios a través de una relación escrita de los diferentes episodios del caso.

De ahí fue que los ejidatarios también denunciaran al juez. Y por ahora, sólo apelan a la voluntad del gobierno “aprobado” que dejó Enrique Alfaro Ramírez en Tlajomulco de Zúñiga.

“Esperamos que pase la prueba de la legalidad y cumpla totalmente con la ejecutoria o en caso de ser reprobado, que sean destituidos de sus cargos e inhabilitados para ocupar cargos públicos tanto los actuales funcionarios como los anteriores, entre ellos el presidente con licencia Enrique Alfaro”, advirtieron.

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