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Estalla conflicto social en colonia La Joya en Autlán de Navarro

 

CD. Y REGIÓN • 23 ABRIL 2012 – 10:58AM — CARMEN AGGI CABRERA

A los habitantes de esta colonia se les está exigiendo pagar los terrenos que anteriormente ya habían pagado.

Autlán de Navarro • En la colonia Las Joyas, en la zona norte del municipio Autlán de Navarro, estalló un conflicto social que nace de a consecuencia de una serie de inconsistencias legales: el terreno en el que los vecinos construyeron sus viviendas estaba en litigio por varias personas que se hacían llamar dueños. Aún así ellos compraron y edificaron los inmuebles.

El nuevo propietario les comunicó desde el primer fin de semana de este mes, que cada uno deberá pagar los terrenos que ya habían pagado. En los documentos que les entregaron decía puntual: “deberá volverse a pagar cada uno de los terrenos que conforman la colonia La Joya, sin distinción alguna, el pago deberá efectuarse inmediatamente y de contado riguroso, el precio por metro cuadrado será de 1,500 pesos”.

El conflicto social estalló pues además de ya haber pagado los terrenos, el precio que señala el nuevo dueño es a precio de zona residencial y se encuentran en terrenos que son agrícolas, aunque urbanizados.

Después del estallido los vecinos dirigieron un documento al Ayuntamiento en donde le reclamaban también al alcalde Fernando Morán porque no se le da ha dado seguimiento al proceso de regularización de la colonia. También piden que se les explique sobre las obras públicas como el drenaje, los machuelos, empedrados, energía eléctrica que se realizaron en la colonia aunque el predio está registrado en catastro municipal como “agrícola”.

Señalaban también que “La señora Livier García Hernández nos está exigiendo un pago por los terrenos consistente en 1500 pesos el metro cuadrado cobrándonos toda la infraestructura de obra pública, que el Ayuntamiento introdujo a la colonia con recursos públicos, estatales, federales y municipales y con nuestro dinero, cobro que ha hecho mediante amenazas de muerte o de dañar a nuestras familias, por lo que esta autoridad deberá poner estos hechos a conocimiento del Agente del Ministerio Público” detallan.

El Ayuntamiento respondió a los vecinos mediante un oficio en donde señalan que “si bien es cierto existe un dictamen de procedencia a fin de regularizar el presente asentamiento humano validado por la PRODEUR de fecha 29 de octubre de 2008, emitido por el Congreso del Estado, situación que en el caso concreto ha venido aconteciendo…lo que tiene como consecuencia la suspensión del proceso hasta en tanto se resuelva por la autoridad competente”.

También respondió que todas las obras que se han hecho ahí son de interés social y a petición de ellos y “han sido de anuencia los vecinos en posesión de los predios y en beneficio de ustedes mismo, por lo que no se ha transgredido ordenamiento legal alguno con estas acciones”.

En cuanto a las presuntas amenazas recibidas por los dueños el Ayuntamiento los invitó “para que hagan del conocimiento de estos hechos al Ministerio Público”
El Ayuntamiento se deslinda de responsabilidades “porque es un conflicto que nace entre particulares en donde nosotros no estamos involucrados” afirmó el síndico Durán Covarrubias.

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