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Metrópoli: Coordinación maquiavélica

 

TRAMPANTOJOJorge Fernández Acosta

2012-03-31 • ACENTOS

El tiempo pasa y no terminamos de entender los significados, ni la importancia del tema, relativos a la coordinación metropolitana. Para algunos, es una entelequia inextricable. Las autoridades, que parecen asustadas ante los compromisos que devienen innovadoras maneras de organizar la administración pública para darle sentido a las materias susceptibles de orden conjunto, se estremecen de pavor ante la posibilidad de transformarse y trastocar la lógica de sus limitadas visiones particulares. Les horroriza pensar en el cambio de paradigma que instaura un cuarto grado supramunicipal que los rebasa, pero no les niega el poder ni les refuta su soberanía territorial… todo es asunto de corresponsabilidades y correspondencias entre los actores que son agentes de cambio hacia la renovación de las estructuras políticas que ahora involucran la reivindicación de la ciudadanía.

En ese sentido, el entuerto no se ha resuelto y continúan algunas tácticas que parecen dilatorias a ultranza: Primero, el ejecutivo no asumía su parte y trató de evitar, a toda costa, la conformación de la junta de coordinación política… hoy, mediante la estratégica actuación del ahora Secretario de Gobierno, el asunto presenta avances –aún no significativos– a partir de la firma del convenio provisional que se signó en Casa Jalisco en enero pasado; Segundo y como precedente relevante, algunos cabildos no ratificaron aquel primer intento de acuerdo intermunicipal, signado en julio de 2011, que perseguía, entre otros puntos, la redacción del estatuto que daría sustento jurídico a la creación del Instituto Metropolitano de Planeación para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) así como del Consejo Ciudadano que será pieza clave para la activación del novedoso paradigma de la participación ciudadana vinculante, es decir con voz, voto y veto; Tercero, el acuerdo de enero, ahora si firmado por los ocho presidentes municipales de la metrópoli y el gobernador –pero que sigue sin ser ratificado por los ayuntamientos y por tanto no tiene validez jurídica ni peso político– reconoció, de facto, la existencia del AMG y además instruyó la configuración de una comisión provisional que se encargaría de organizar y coordinar los trabajos en aras de conseguir el mentado estatuto orgánico y proponer las bases operativas de las entidades supradichas.

Esa comisión de expertos, integrada por ciudadanos de extraordinaria calidad profesional, técnica, ética y humana, no ha completado el proceso de su creación. No sabemos si haya sido así por omisiones involuntarias, por inhabilidad política o incapacidad administrativa o, lo que sería peor, por no tener elementos jurídicos que soporten los procedimientos de contratación previstos en la ley y la normatividad aplicables. Ahora más bien parece un intento fallido de coordinación maquiavélica.

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