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Demolerán caseta de cobro de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo

Los dueños del predio iniciaron litigio por invasión de propiedad

lunes 3 de marzo de 2008

REDACCION

La caseta de cobro de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, en el kilómetro 32, deberá ser derruida por lo menos en parte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá regresar después el predio a sus legítimos dueños, de acuerdo con una resolución en segunda instancia que consta en el expediente TOCA/856/2007 y que ratificó la decisión que ya había tomado la Juez de Primera Instancia de Zapotlanejo también a favor de los demandantes. El lugar requirió una inversión millonaria y apenas había sido puesto en operación el año pasado.

De acuerdo con el representante de las empresas Flota Constructora y Alfra Ingenieros, Rodolfo Gaspar Echegaray, la resolución fue emitida por los magistrados Carlos Raúl Acosta Cordero, Salvador Cantero Aguilar y José María Magallanes confirmó el mandato judicial del fuero común bajo el expediente ya señalado.

El nuevo mandato surgió luego de que el director del Centro SCT Jalisco, Reynaldo Guajardo Villareal, y funcionarios de Caminos y Puentes Federales, apelaron la resolución hecha por la juez de Zapotlanejo en el sentido de que los particulares presentaron un litigio por invasión de propiedad, pero al ser revisada por los magistrados de la Tercera Sala, dieron la razón a los inconformes, por lo que ahora el gobierno federal tendrá que indemnizar a los poseedores de este predio.

Gaspar Echegaray dijo que los demandantes, de apellidos Pérez de Anda, no han llegado a un arreglo con los funcionarios, lo que hace muy factible que parte de la caseta de peaje sea demolida, pues la sentencia obliga a regresarla a los invasores tal cual como fue encontrada.

El litigante dijo que en Caminos y Puentes se encargaron de premiar a los funcionarios que propiciaron este problema, como al subdelegado Jorge Gustavo Ríos Botello, quien fue cambiado al estado de Sinaloa para evitar ser cuestionado en Jalisco, mientras que otro fue nombrado como delegado en Querétaro, dejando a los nuevos funcionarios con este grave problema.

La primera sentencia en contra de Capufe y SCT fue emitida luego de un juicio civil por la Juez de Primera Instancia de Zapotlanejo bajo el expediente número 596/2005, promovido por Benjamín Pérez de Anda, pero en la representación de la SCT y de Capufe apelaron este fallo.

El litigante Rodolfo Gaspar Echegaray indicó que paralelamente al juicio se presentará una queja ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Jorge Gustavo Ríos Botello, quien ya está en Sinaloa, y otro más para el delegado en Querétaro, quienes se negaron a pagar la cantidad de 23 millones de pesos a los contratistas, quienes también fueron demandados por el dueño del predio.

Posteriormente, dijo, el delegado de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, Reynaldo Guajardo Villareal, declaró que ya habían llegado a un buen acuerdo con los propietarios de los terrenos, por lo que no habría ningún problema, pero este funcionario enseguida fue desmentido luego de que el litigante Mario Ramos Pizano aseguró que su cliente Benjamín Pérez de Anda no ha llegado a ningún acuerdo con la SCT y Capufe, lo que propició que los magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior del Estado dieran la razón al particular.

“Nos acaban de notificar que (Capufe y la SCT) se fueron al amparo con las autoridades federales, luego de que en segunda instancia volvimos a ganarles el juicio de que nos invadieron terreno particular donde se edificó la nueva caseta de cobro. Hemos tenido algunas pláticas con Reynaldo Guajardo Villareal, delegado de la SCT en el estado, pero no se ha firmado ningún documento de desistimiento y, por el contrario, el pleito continuará y se estarán defendiendo los derechos de mi representado”, explicó el abogado.

Detalló que además Capufe y la SCT también tienen otro juicio pendiente luego de que las empresas constructoras Flota Constructora y Alfra Ingenieros promovieron juicio en contra de estas dependencias federales debido a que se les adeuda la cantidad de 23 millones de pesos más gastos de litigios debido a que no les pagaron en su totalidad.

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