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La Villa desacató orden de no vender inmuebles: abogado

 

2012-03-15 • IMPRESO CIUDAD Y REGIÓN

Acusan al gobierno estatal de violar también la orden judicial, pues estaba notificado de la restricción, pero el Ejecutivo niega esta versión.

Los desarrolladores de la Villa Panamericana y el gobierno del estado desacataron el ordenamiento dictado por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), que prohíbe efectuar operaciones de compraventa de los departamentos del complejo habitacional, aseguró el abogado de quienes se oponen al proyecto inmobiliario. Esta versión fue rechazada por fuentes del Ejecutivo estatal, que aseguran que no se ha violentado el mandato judicial.

El presunto desacato será reclamado hoy en una audiencia que se efectuará a las 11:00 am en la Quinta Sala del TAE, por parte de los vecinos que se opusieron a la construcción del complejo en El Bajío, como parte del juicio 424/2011 que se sigue ahí.

El TAE ordenó el 28 de abril de 2011 que se suspendiera toda actividad de compraventa de los departamentos. En esa misma fecha, esa autoridad mandó que se frenara la construcción de la Villa, que aún estaba en proceso de edificación, pero un amparo federal permitió seguir la edificación del complejo, aunque dejó en firme la prohibición de la venta de los departamentos.

Como parte del proyecto, el gobierno del estado y los desarrolladores del complejo habían informado que el primero había “prestado” alrededor de mil millones de pesos para financiar la obra. Pero el 13 de febrero pasado, el director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Salvador Sánchez Guerrero, dio a conocer que los 340 millones de pesos que entregaron a la empresa que construyó el complejo, procedentes de fondos de esta institución, no fueron en calidad de préstamo, sino “por la compra” de 200 apartamentos, los cuales serán puestos a la venta por la misma empresa (MILENIO JALISCO, 14 de febrero de 2012).

El representante legal de las empresas que desarrollaron la Villa (las inmobiliarias Cornejo Barragán y Corey Integra), Ricardo Huerta Hoyos, reconoció formalmente ante el TAE —mediante un documento entregado el 21 de febrero de 2012— que “los únicos” contratos de compraventa que tiene la empresa son con “Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público; órgano desconcentrado del gobierno del estado de Jalisco” y con el IPE.

“Se va a ventilar en el Tribunal de lo Administrativo, en la Quinta Sala, el desacato a la suspensión dada por el TAE por la compraventa y porque ha seguido habiendo actos de movimientos en la Villa, todo lo que ordenó [detener] el tribunal. Yo, con esta información, compruebo que hay un desacato a la orden del tribunal, que ordenó que se abstuvieran de comprar o vender departamentos”, señaló el abogado que lleva el juicio en contra de la Villa, Carlos Aldana Ortiz, quien considera que al comprar los departamentos, el gobierno estatal también desacató el fallo del TAE, porque estaban notificados de la prohibición.

Al respecto de este tema, fuentes del gobierno del estado aseguraron que no se ha registrado ningún desacato. En primer lugar, indicaron, porque las operaciones de compraventa en cuestión se realizaron antes del mandato del juez y, en segundo, porque éste no ha emitido una resolución al respecto y es el único que puede determinar si se violentó la orden de suspensión.

Para aclarar esta situación, desde el 20 de junio de 2011, el TAE solicitó al desarrollador de la Villa que le informara nombres y domicilios de las personas con contratos de compraventa y que le remitiera las copias de los documentos. Sin embargo, la empresa no respondió. Pese a que el TAE efectuó la petición varias veces, la negativa siguió, por lo que el 13 de octubre de 2011, ordenó multar a la empresa y ante la falta de respuesta, el 11 de noviembre de 2011 advirtió que si no se entregaban los documentos se ordenaría “el arresto” del representante legal, Ricardo Huerta Hoyos, y del propietario de las empresas involucradas, Héctor Francisco Cornejo Reynoso. Sin embargo, esto no ha sucedido, pues ambos solicitaron ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, un amparo para evitarlo, el cual fue admitido el 9 de diciembre de 2011.

Claves
De la venta

► El TAE ordenó el 28 de abril de 2011 no efectuar operaciones de compraventa en la Villa.
► El 21 de febrero de 2012, el representante legal de las empresas reconoció ante el TAE que se efectuó la compraventa de departamentos con Iprovipe y con IPE.

► Según el IPE, la Administración estatal compró 200 de los 942 departamentos de la Villa.

► En junio de 2011, el TAE requirió a las empresas presentar los contratos de compraventa de los inmuebles. Al omitirse, se ordenó el arresto del representante legal y el dueño de la Villa.

► Hoy en el TAE se hará la denuncia del desacato cometido.

Elizabeth Rivera Avelar/Guadalajara

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