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El asunto de la villas(sic) se calienta: hay una orden de aprehensión

Después de un manejo informativo intenso, y de haber sido un asunto escandaloso al final de los Juegos Panamericanos, por el derrame de aguas negras, el tema de la Villa Panamericana, hoy Villa Primavera, el asunto jurídico está más vigente y caliente que nunca, al grado de que ya existe una orden de aprehensión contra un ejecutivo de la empresa constructora y promotora, Corey, y sigue latente la posibilidad de la demolición de los edificios, que en octubre pudo hospedar a cerca de seis mil atletas.

Aunque la mayoría de los medios, a juzgar por el silencio en torno al asunto está tan calientito, que el 26 del presente mes habrá una diligencia de desahogo de pruebas, en el lugar de los hechos, las Villas Panamericanas, en la que se ha citado a comparecer a cada una de las partes en conflicto, para que lleven sus peritos y aporten elementos a su favor para que el Tribunal Administrativo tenga todos los elementos para dictar su sentencia.

El edificio, que estuvo lleno de gente, risas y gritos durante la justa deportiva, hoy permanece vacío, como un elefante blanco, testimonio de que las cosas no se hicieron bien, porque si se hubiera respetado la legalidad, las familias le darían un aspecto muy distinto al triste ambiente que ofrece el lóbrego edifico.

Y es que si los Juegos Panamericanos hicieron el milagro de resolver todo, incluso violando la ley, para que los edificios fueran habitados por un lapso de tiempo, hoy ha sido abandonada a su suerte la obra que ni siquiera cuenta con licencia de habitabilidad y las ventas están suspendidas por la orden de un juez.

Nadie pasa por ahí y a nadie dejan siquiera acercarse. De lejecitos se aprecian los rastros del derrame fecal ocurrido a fines de octubre, cuya pestilencia hizo huir a algunos de los atletas, que se hospedaron en otra parte, y prefirieron afrontar una prohibición del Comité Organizador de los Juegos, a soportar el ambiente irrespirable por el derrame.

El magistrado Armando García Estrada, de la IV sala del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco; el abogado Carlos Aldana Ortiz, que representa en el litigio a los vecinos inconformes de Rancho Contento y el Parlamento de Colonias; y el investigador y experto en temas ambientales, doctor Arturo Gleason, ofrecen un panorama del estado que guarda el proceso judicial contra las villas, y evalúan el daño ecológico que se causa a la zona de El Bajío.

Los tres coinciden en algo: si opera la justicia y el sentido común, y sobre todo el interés colectivo, asumiendo la defensa del patrimonio ecológico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, LAS VILLAS PANAMERICANAS DEBEN SER DEMOLIDAS.

Y es que no se juega poco: entre un millón y millón y medio de habitantes de la gran mancha urbana resultarían afectadas si se sigue contaminando la superficie de El Bajío, que es zona de recarga hidráulica, del agua para consumo humano que sale en los veneros de los Colonos. Eso, no es poca cosa.

García Estrada opina: “Creo que en el caso de las Villas Panamericanas y otras obras, al Gobierno del Estado le ha faltado un buen abogado que los advierta cuando ejecutan obras que violan la ley, porque parece que no anticipan las consecuencias de acciones al margen de la legalidad.

“Parece que en Gobierno están tranquilos y en el Grupo Corey, responsable de la obra no tienen mayor preocupación. Hoy más que nunca deben estar preocupados, porque el proceso sigue su curso, y la parte judicial que represento está empeñada en hacer prevalecer el interés de la ciudadanía”.

P. ¿Ha trascendido este asunto hacia otros países, por el aspecto ecológico?
R. Claro, México tiene compromisos suscritos en materia ecológica, y Eduardo Moreno, director de Urbanismo de la Organización de las Naciones Unidas dijo que han tenido conocimientos de lo que se hizo en una zona protegida con la construcción de Las Villas, y que el Gobierno mexicano convirtió un éxito deportivo en un fracaso histórico, por un error en esta decisión urbana. Actualmente, dice García Estrada, se está en la etapa de desahogo de pruebas, donde la parte demandante demuestra que se violaron diversas disposiciones del Código Urbano y hasta la Constitución General de la República en su Artículo 73.

P. ¿Sí se aplica la ley, qué procedería?
R. Primero, debe anularse el cambio de uso de suelo, que indebidamente aprobó el Ayuntamiento de Zapopan en diciembre del 2009, en una sesión edilicia aprisita, casi a escondidas, aprovechando la distracción de las fiestas de fin de año, conociendo que era un asunto sumamente delicado. Por otra parte, el mismo doctor Moreno, de la ONU, dice que en caso de las Villas Panamericanas para respetar el área protegida en la que se construyeron, las cosas deben quedar en el estado que guardaban antes de la construcción.

P. ¿Que se demuelan?
R. Sí, tienen que ser demolidas si se respeta el interés de la gente y la razón jurídica”.

P. ¿Hay materia penal?
R. Por supuesto, hay materia para demandar penalmente a los responsables.

P. ¿Y los funcionarios de Zapopan qué aprobaron?
R. Ellos debían haber sido ya sujetos a un procedimiento por la Contraloría y debían estar inhabitados para desempeñar un cargo público.

ALDANA: “LOS VECINOS VAN CON TODO”
Por su parte, el abogado de los vecinos de Rancho Contento y los ciudadanos agrupados en el Parlamento de Colonias, Carlos Aldana Ortiz, está muy optimista por el curso que ha tomado la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Estado, por dos cosas: Una, que la magistrada Patricia Campos, de 5º Distrito obsequió una orden de aprehensión contra Ricardo Huerta Hoyos, representante del Grupo Corey, porque desobedeció una orden judicial que le exigía dar toda la información sobre las ventas que ilegalmente efectuaron en las Villas, enajenando varios departamentos.

Hoy, Ricardo Huerta circula gracias a una suspensión provisional de amparo que le otorgó un juez federal, pero que no se ha resuelto, y podría ir a la cárcel. Otra, que la misma magistrada, que ya tenía acumulados todos los juicios pendientes sobre las Villas Panamericanas, para tener un panorama completo del asunto y preparar sentencia, ha fijado la fecha del 26 de enero, a las 13:30 horas, en El Bajío, donde están los edificios a litigio para el desahogo de pruebas. En esa cita, los grupos en conflicto (el Tribunal, el Ayuntamiento de Zapopan, Grupo Corey, SEMADES, Parlamento de Colonias, Conciencia Cívica y demás implicados).

Acudirán peritos de todas las partes en el juicio, para aportar dictámenes que apoyen su posición en el proceso. Incluso, se cita a la Secretaría de Vialidad por haber autorizado el dictamen de impacto vial, totalmente fuera de norma, a decir del abogado Carlos Aldana. También se cita a la Procuraduría de Desarrollo Urbano por haber modificado el dictamen de trazos de usos y destinos para favorecer a las Villas, sin tener competencia para ello.

ARTURO GLEASON: “NO HAY CULTURA URBANA”
El doctor Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, dice que la edificación en la zona protegida de El Bajío es el resultado de una carencia de cultura urbana en el Gobierno y la población, lo que explica que la mayoría de la gente no esté bien informada sobre lo que ocurra en El Bajío, favoreciendo a que se sigan cometiendo atrocidades en materia ambiental.

El daño ya está hecho, afirma, por lo que debería demolerse los edificios para resarcir los daños. Opinó que también debe revisarse el Estadio Omnilife, propiedad del rico empresario Jorge Vergara. Lamenta que no haya cultura urbana, como sí la hay en países como Alemania, que en una zona de absorción como El Bajío, ni siquiera permiten el paro de vehículos, menos pavimentar o construir edificios.

Explica que esta zona de absorción tiene entrada y salida: “La primera está precisamente en El Bajío, y la segunda en Los Colomos, es decir, que lo que se haga en la zona donde están las Villas, afecta el agua de los Colomos, y la contaminación de los mantos freáticos puede afectar a un millón y posiblemente a millón y medio de consumidores de estas fuentes de abastecimiento.

Como están las cosas, dice, nadie puede garantizar que no ocurran derrames como los de octubre. Dice que entre científicos y ecologistas hay indignación por la construcción de estos edificios, y anima a la población a organizarse para presionar al Gobierno para que ponga remedio en El Bajío.

http://www.concienciapublica.com.mx/reportaje-especial/el-asunto-de-las-villas-se-calienta-hay-una-orden-de-aprehension/

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